Ya cerró por 48 horas los locales de McDonald's, alegando una supuesta evasión impositiva. No conforme con eso ("detrás de McDonald's, viene la ideología", denunció), creó "la caja social lista", que hasta incluía galletas hechas a su imagen y semejanza, para competir con la cajita feliz de la cadena norteamericana.
Pero el presidente Hugo Chávez no se rinde en su cruzada contra la comida rápida: si se ratifica una ley antimonopolio que acaba de aprobar en primera discusión la Asamblea Nacional (falta una segunda) podrá acusar de monopolio a aquellas franquicias con un mínimo de 15 sucursales y obligarlas a cerrar, informó el diario argentino La Nación.
El proyecto tiene una redacción lo suficientemente ambigua "como para que el gobierno pueda poner en la picota al sector de franquicias, cadenas de tiendas y supermercados", dijo a La Nación el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado.
Si el Ejecutivo considera por alguna razón que hay desabastecimiento, puede responsabilizar del problema a las franquicias y cadenas de supermercados, y expropiarlas. Así, puede hacerse de activos productivos y declararlos parte de la llamada "propiedad social".
Luego los puede hacer parte de sus propias redes de distribución de alimentos subsidiados o utilizarlos como viviendas para albergar a los damnificados por las recientes inundaciones, que desnudaron la enorme crisis habitacional en el país, según señaló el diario argentino.
Otra empresa en la mira es la cadena de supermercados de origen portugués Central Madeirense, la principal del país. Incluso, los supermercados del mismo origen Excelsior Gama ya han sido obligados a cerrar durante algunos días por un supuesto fraude impositivo.
"No podemos permitir que esas cadenas, por ninguna razón, se presten para especular, acaparar y violar los precios regulados", dijo Chávez, hace unos días. Añadió que las cadenas de supermercados deben ser "posiblemente expropiadas", con lo que se incrementarán "las redes socialistas de distribución, que garantizan alimentos buenos, de calidad y a precios justos".
"En el sistema estatal no hay ganancias. El monopolio garantiza ganancias y cuando el Estado está al frente de un sector no se privilegian las ganancias", justificó el diputado chavista Jesús Farías, uno de los principales impulsores de la norma antimonopolio en el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría.
Si bien el gobierno quiere dotarse de un marco legal que le permita tomar el control absoluto de todos los factores de producción, apostaría en esta etapa por permitir que los privados sigan existiendo, pero limitados en su margen de acción y ganancias, en un modelo muy similar al que ha aplicado en Siria la familia gobernante.
Albergues
En este contexto, la ley antimonopolio procurará capear la inflación (26,9% en 2010, la más alta de la región) y evitar que el desabastecimiento ponga en riesgo una victoria electoral de Chávez en 2012. Otra pieza clave de su estrategia electoral es la Misión Vivienda, con la que prevé combatir la crisis habitacional mediante la construcción de 250.000 casas en un año.
La alternativa que aparece para satisfacer la creciente demanda habitacional es albergar en las instalaciones de firmas expropiadas a quienes no tienen dónde vivir. El centro comercial Sambil de la Candelaria -en el centro de Caracas- ya alberga a unas 1.500 personas.
Pero el presidente Hugo Chávez no se rinde en su cruzada contra la comida rápida: si se ratifica una ley antimonopolio que acaba de aprobar en primera discusión la Asamblea Nacional (falta una segunda) podrá acusar de monopolio a aquellas franquicias con un mínimo de 15 sucursales y obligarlas a cerrar, informó el diario argentino La Nación.
El proyecto tiene una redacción lo suficientemente ambigua "como para que el gobierno pueda poner en la picota al sector de franquicias, cadenas de tiendas y supermercados", dijo a La Nación el presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, Víctor Maldonado.
Si el Ejecutivo considera por alguna razón que hay desabastecimiento, puede responsabilizar del problema a las franquicias y cadenas de supermercados, y expropiarlas. Así, puede hacerse de activos productivos y declararlos parte de la llamada "propiedad social".
Luego los puede hacer parte de sus propias redes de distribución de alimentos subsidiados o utilizarlos como viviendas para albergar a los damnificados por las recientes inundaciones, que desnudaron la enorme crisis habitacional en el país, según señaló el diario argentino.
Otra empresa en la mira es la cadena de supermercados de origen portugués Central Madeirense, la principal del país. Incluso, los supermercados del mismo origen Excelsior Gama ya han sido obligados a cerrar durante algunos días por un supuesto fraude impositivo.
"No podemos permitir que esas cadenas, por ninguna razón, se presten para especular, acaparar y violar los precios regulados", dijo Chávez, hace unos días. Añadió que las cadenas de supermercados deben ser "posiblemente expropiadas", con lo que se incrementarán "las redes socialistas de distribución, que garantizan alimentos buenos, de calidad y a precios justos".
"En el sistema estatal no hay ganancias. El monopolio garantiza ganancias y cuando el Estado está al frente de un sector no se privilegian las ganancias", justificó el diputado chavista Jesús Farías, uno de los principales impulsores de la norma antimonopolio en el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría.
Si bien el gobierno quiere dotarse de un marco legal que le permita tomar el control absoluto de todos los factores de producción, apostaría en esta etapa por permitir que los privados sigan existiendo, pero limitados en su margen de acción y ganancias, en un modelo muy similar al que ha aplicado en Siria la familia gobernante.
Albergues
En este contexto, la ley antimonopolio procurará capear la inflación (26,9% en 2010, la más alta de la región) y evitar que el desabastecimiento ponga en riesgo una victoria electoral de Chávez en 2012. Otra pieza clave de su estrategia electoral es la Misión Vivienda, con la que prevé combatir la crisis habitacional mediante la construcción de 250.000 casas en un año.
La alternativa que aparece para satisfacer la creciente demanda habitacional es albergar en las instalaciones de firmas expropiadas a quienes no tienen dónde vivir. El centro comercial Sambil de la Candelaria -en el centro de Caracas- ya alberga a unas 1.500 personas.





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